La peor crisis económica de la democracia y la fracasada gestión del Gobierno socialista, que arrancó la legislatura con dos millones de parados y la termina con cinco, ha dado la mayoría absoluta al PP para gestionar con manos libres la salida del pozo en medio del vendaval. El nuevo presidente, Mariano Rajoy, gobernará con el apoyo de sus 186 diputados (por encima del mejor resultado en escaños del PP de Aznar en 2000) frente a los escasos 110 diputados del PSOE, su peor resultado de la reciente etapa democrática.
En su primera comparecencia tras conocer la aplastante victoria, Rajoy ha mostrado una euforia contenida ante las miles de personas que se han acercado a la sede del partido en Madrid para celebrar los resultados. "Gobernaré sin sectarismo. Nadie tiene que sentir inquietud", ha advertido. Con la promesa de ponerse a trabajar desde mañana para situar a España "a la cabeza de Europa", Rajoy ha admitido que, ante la delicada situación financiera, no puede prometer "milagros" y ha invitado a todos, sus votantes y no votantes, a participar del cambio.
Esta contundente victoria —hasta hoy solo se habían registrado tres mayorías absolutas en diez elecciones generales— deja al PP con un poder omnímodo en España. Gobernará en la Administración central sin necesidad de alianzas; ya manda en 11 de las 17 comunidades y en la mitad de los Ayuntamientos. El hundimiento del PSOE, que ha caído 13 puntos en apoyo electoral (del 43% ha pasado a menos del 30%), ha impulsado la mayoría absoluta del PP (44%, casi cinco puntos más que en 2008).
Rodeado de algunos de sus fieles, Rubalcaba ha admitido esta noche la derrota socialista: "Hemos perdido claramente las elecciones". Al filo de las 22.30, y después de la llamada de rigor al vencedor, el socialista ha comparecido en la sede del partido de la calle Ferraz para anunciar que ha propuesto al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, la convocatoria de un congreso ordinario para gestionar el futuro del partido tras la debacle.
Diez millones de españoles han dado hoy su confianza a Rajoy, de 56 años, registrador de la propiedad y político profesional desde los 26. En sus 30 años de experiencia en la gestión pública ha sido, además de presidente de Diputación (Pontevedra, 1983-1986) y vicepresidente de la Xunta de Galicia (1986-1987), ministro de Administración Territorial, de Educación, de Interior, de Presidencia, Portavoz y Vicepresidente del Gobierno entre 1996 y 2003. Es la misma persona que fracasó dos veces consecutivas en las dos anteriores elecciones generales y que resistió las embestidas internas en su partido, donde había sectores que desconfiaron de Rajoy a raíz de la segunda decepción, en 2008. Su perseverancia y la coyuntura económica le han llevado en volandas hasta un éxito completo para su partido.
El líder del PP ha llegado a lo más alto con un discurso plano cargado de propuestas ambiguas basadas en un programa intencionadamente indefinido que ahora deberá concretar. Los primeros días de Rajoy al mando del Gobierno, a partir de la segunda quincena de diciembre si no hay un adelanto pactado con los socialistas, serán especialmente intensos y complejos. Con la solvencia de España bajo mínimos y los mercados reclamando más recortes de gasto público, el líder del PP deberá resolver en dos semanas la subida de 8,5 millones de pensiones; decidir los salarios de 3,1 millones de funcionarios (recortados y congelados desde hace año y medio) y, con algo más de tiempo pero no mucho, dónde meter la tijera para ahorrar al menos 16.000 millones de euros el próximo año para reducir el déficit al 4,4% y cumplir así los compromisos con Europa. Serán sus principales deberes nada más sentarse en el sillón de presidente del Consejo de Ministros.
La primera vez que el PP accedió al Gobierno de la nación, en 1996, José María Aznar prometió en su investidura rebajar en un año el déficit al 3% (entonces estaba en el 4,4%) para cumplir con los criterios de convergencia europea. A Rajoy le toca ahora una asignatura parecida, pero mucho más difícil.
Su adversario, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene ante sí un futuro incierto por un resultado que supone la derrota más grave en la historia del PSOE. Los dirigentes socialistas que vaticinaban una crisis mayor si Rubalcaba no superaba los 120 diputados ya tienen el resultado para seguir elucubrando sobre una guerra abierta por el liderazgo del partido.
Toda la estrategia socialista de reclamar el voto útil de la izquierda para el PSOE, o de machacar que la vuelta del PP al poder ponía el peligro el poder adquisitivo de las pensiones, las prestaciones por desempleo o los derechos civiles, ha sido inútil. El incesante aumento del desempleo durante tres años hasta llegar a los cinco millones de ciudadanos en paro fue una losa demasiado pesada para el socialismo. El batacazo del pasado mes de mayo en las elecciones municipales y autonómicas, donde el PSOE perdió todo su poder regional y buena parte del local a manos del PP, era el preaviso de la debacle del 20-N.
El último mensaje del candidato socialista, que pidió en los mítines de final de campaña a los españoles que no pusieran en manos del PP el "poder total" tampoco parece haber calado entre el electorado.
Durante al menos los próximos tres años, España será casi monopartidista. En Cataluña, el Gobierno de CiU se apoya hasta ahora en el PP para aprobar sus propuestas. En Euskadi, el socialista Patxi López gobierna gracias a los votos del PP.
El único contrapeso, Andalucía, parece muy efímero. Las encuestas apuntan un nuevo éxito del PP en las próximas elecciones de marzo, en la única comunidad que no ha cambiado de color político en la actual etapa democrática. En las elecciones del 20-N, el PSOE ya ha sufrido un duro varapalo al perder 11 escaños y pasar a segunda fuerza.
La debacle socialista ha servido para que Izquierda Unida levante cabeza tras 15 años de permanente recesión, hasta el punto de que UPyD, el partido de Rosa Díez, se atrevió a disputarle la tercera posición en las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Esa disputa ha terminado hoy. La coalición, con casi el 7% de votos (el doble que en las últimas elecciones) levanta cabeza en una situación catastrófica para la izquierda: su influencia en el Congreso será nula pese a que quintuplicará el número de diputados (de dos a 11). La candidatura de Rosa Díez, por su parte, también ha conseguido su objetivo al lograr cinco diputados.
El voto en Euskadi cambia todo el mapa vasco en el Congreso por la irrupción de la izquierda abertzale, que llevaba ausente de unas elecciones generales desde 1996 y que ahora podrá formar grupo propio con los siete diputados de Amaiur, el combinado de Aralar (que se escindió de Batasuna y condena la violencia terrorista desde 2001) y Bildu (la vieja Batasuna en coalición con Eusko Alkartasuna y Alternatiba). En el País Vasco, la fuerza más votada ha sido el PNV. Si las declaraciones de alto el fuego de ETA suponían un aumento electoral de la izquierda abertzale, el anuncio del fin definitivo de la actividad armada ha confirmado esta tendencia con creces. El discurso independentista radical vuelve así al Congreso de los Diputados.
A Rajoy solo le pueden molestar en su primer mandato dos territorios con reivindicaciones que pueden tensionar la situación política en España y poner en dificultades al Gobierno central.
Desde Cataluña, el Ejecutivo de Artur Mas presiona para modificar la normativa sobre financiación autonómica de manera que reciba mucho más dinero que ahora, lo que denominan el pacto fiscal con el Estado.
En Euskadi, PNV y Bildu resucitarán las reivindicaciones soberanistas que el ex lehendakari Ibarretxe llevó hace seis años, sin éxito, al Congreso de los Diputados.
