El PP plantea en su paquete de medidas para luchar contra la corrupción que se publiquen las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, así como de directivos y personal de confianza de las instituciones. También propone hacer públicas las declaraciones de bienes y "prohibir la aceptación" de determinados regalos que "no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". Además, quiere que en los asuntos urbanísticos haya más controles y se otorgue más peso al personal técnico y no al político.
Así se recoge en el documento que ha elaborado el primer partido de la oposición con las bases para el Pacto por
Según el Partido Popular, este documento con 50 propuestas -en el que han colaborado numerosos expertos-- desarrolla los tres principios en los que "fundamenta su voluntad de dignificar la vida política: transparencia y control, buena administración y firmeza política en la lucha contra la corrupción".
Más poder para el tribunal de cuentas
En el primer capítulo, relativo al fortalecimiento de los controles institucionales, el PP planeta que se garantice la convocatoria de oposiciones para los funcionarios de carrera hasta la cobertura de todas las plazas; facilitar la creación de comisiones de investigación; potenciar el Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas autonómicas, aumentando sus facultades de fiscalización y control; y aplicar desde el Tribunal de Cuentas planes específicos destinados al control de cuentas de las entidades locales".
Igualmente, apuesta por agilizar los procedimientos de revisión de los estados contables y financieros de los ayuntamientos para que la rendición de cuentas sea más eficaz, instar a las administraciones públicas a la privación de subvenciones y transferencias públicas a las instituciones que no remitan la información financiera y contable a estos organismos, y "reforzar la responsabilidad personal del responsable público que no remita la cuenta general de la entidad local".
Dentro de este bloque, los 'populares' defienden mejorar los medios materiales y humanos del sistema judicial y "garantizar la objetividad e imparcialidad de
Retribuciones y comparecencias en pleno
Con el fin de incrementar la transparencia en la gestión, el PP pide que se publiquen las retribuciones íntegras (certificado de haberes) de los cargos electos y de su personal de confianza; publicar detalladamente el procedimiento de concesión de subvenciones, con determinación de la cuantía y del beneficiario; posibilitar la incorporación de la oposición a los Consejos de Administración de las sociedades y empresas públicas, y a los patronatos de las fundaciones locales.
En este paquete de propuestas, demandan que se regule la comparecencia en Pleno o en comisiones informativas de los directivos de organismos, empresas, patronatos y servicios municipales y que se promuevan instrumentos de evaluación de la gestión pública, mediante indicadores públicos de gestión y eficiencia del gasto que puedan compararse entre administraciones.
Además, proponen que se ofrezca publicidad específica en todo lo relativo al planeamiento urbanístico y sus modificaciones (incluyendo convenios urbanísticos, cambios de propiedad, recalificación y plusvalías derivadas del suelo) y que se modifiquen las comisiones regionales y provinciales de ordenación del territorio y urbanismo para sustituir a los políticos por personas con perfil técnico.
Más control en la contratación
Para aumentar la objetividad en la gestión pública, el PP defiende atribuir la presidencia de las mesas de contratación a un empleado público de carrera de la entidad local, endurecer las prohibiciones de contratar en los supuestos en los que el contratista haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos, establecer como regla regenera los procedimientos de adjudicación que permitan la más amplia concurrencia, evitar el exceso de contratación de servicios ajenos al ayuntamiento y garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad, objetividad y no discriminación en la contratación.
En el caso concreto de los cargos electos, defiende que se hagan públicas sus declaraciones de bienes, trasladar al registro de bienes los cambios patrimoniales o de actividades que se produzcan, homologar las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales en atención a criterios de población y presupuesto, limitar la posibilidad de compatibilizar la actividad pública y privada de los empleados públicos municipales y regular claramente la separación de lo público y lo privado.
Dentro de este capítulo, plantean "prohibir la aceptación de cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". En línea con esta propuesta, el PP también está trabajando en un código ético para sus dirigentes que aprobará en la próxima reunión de su Comité Ejecutivo.
Además, proponen que se reduzcan los gastos de protocolo, que se racionalice "el uso de vehículos del parque móvil y que se limite "el gasto en teléfonos móviles, publicidad y viajes". Añade que hacer austeridad en la gestión económica es la primera directriz en el manejo de las arcas públicas y de los medios a disposición de los representantes políticos.
Contra los transfugas
En el capítulo relativo a la gobernabilidad de las instituciones, exige que se garantice el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo y que "los líderes de todos los partidos asuman el compromiso" de no incluir a ningún tránsfuga en sus listas, una petición que el PP ha venido haciendo desde que 12 ex ediles socialistas desbancaron a su partido del ayuntamiento de Benidorm (Alicante).
Asimismo, proponen que se incorpore al Pacto Antitransfuguismo la prohibición de que los tránsfugas tengan un papel ejecutivo en el gobierno local que surja tras una moción de censura participada o promovida por éstos, así como evitar situaciones en las que determinados cargos electos en prisión provisional sigan ostentando responsabilidades ejecutivas.
Para luchar contra "los comportamientos corruptos", los 'populares' solicitan que se mejore la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas y corruptas; endurecer las penas por denuncias falsas; e incorporar el compromiso de reintegrar a los municipios afectados los bienes incautados en los delitos de corrupción cometidos por responsables públicos locales.
